Dos años para valorar el grado de discapacidad

Los años pasan, los gobiernos de la Junta, tanto del PSOE como del PP, también, y el problema del enorme retraso para valorar el grado de discapacidad sigue siendo de dos años.

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A comienzos del año 2018, último del gobierno del PSOE, los retrasos en esta materia eran palpables, ya que para llevar a cabo la primera valoración de la persona solicitante trascurrían entre 10 y 12 meses y para revisar el grado de discapacidad había que esperar entre año y medio y dos años.

En aquel entonces el candidato Juanma Moreno prometía reducir el tiempo de estos atrasos y esa promesa, a día de hoy, cayó en agua de borrajas, puesto que tenemos unos datos abrumadores. En la actualidad, tras tres años de gobierno del PP y Cs, se sigue manteniendo una demora de dos años para llevar a cabo este proceso a lo que se une que para certificar que los documentos han llegado vía web trascurren no menos de 6 meses.

Y es que el gobierno andaluz de Juanma Moreno debe asumir su nefasta gestión en esta materia. De nada sirve, a estas alturas de la legislatura, que culpe la herencia recibida, ya que con más de 3 años al frente de San Telmo deberían de haber mejorado los tiempos de resolución de los grados de discapacidad cosa que no ha ocurrido.

Si alzamos la vista y comparamos los 2 años que transcurren en Andalucía para que se ejecute el grado de valoración nos daremos cuenta de lo lejos que estamos de la media española que la sitúa solo en 10,4 meses, o la media en otras comunidades autónomas como País Vasco o Castilla y León con solo 4 y 3 meses respectivamente tal y como nos confirma el Informe de la oficina de atención a la discapacidad.

Es por ello, por lo que es urgente que el Gobierno andaluz reduzca el tiempo de valoración tal y como establecen las recomendaciones de buenas prácticas que dictaminan en menos de 6 meses el tiempo para resolver la demanda, y en menos de 1 mes para conceder la primera cita de valoración. A estas recomendaciones se une la enorme problemática que sufren las personas con discapacidad que no cuentan con la valoración del grado de discapacidad, puesto que ven mermados sus derechos y pierden innumerables oportunidades como en el acceso a la vivienda, al empleo, a prestaciones económicas que ayuden a compensar la desigualdad y los sobrecostes de su discapacidad, así como ayudas sociales, educativas y en materia de movilidad y transporte.

Necesitamos que el gobierno andaluz de Moreno Bonilla deje de mirar hacia otro lado e implanten medidas efectivas y eficaces que ayuden a reducir esta eterna espera, ya que seguimos teniendo a miles de andaluzas y andaluces esperando durante meses su necesaria e imprescindible valoración.